Por Carlos Augusto Chacón* y Federico N. Fernández**
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC ordenó a Uber en Colombia cesar con la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros.
La decisión de la SIC se basa en un ordenamiento jurídico de 1996. Es decir, previo no sólo a las apps de viajes compartidos, sino diez años más antiguo que el iPhone. Es imposible querer regular los productos y servicios innovadores con normas que jamás los previeron.
Esta disposición es preocupante y debería estar causando indignación entre los usuarios que serán los principales perjudicados con la medida. La orden de suspensión del servicio carece de fundamentos sólidos y sienta un precedente por demás peligroso para todo el ecosistema de innovación y emprendimiento.
Con esta medida se afecta a miles de usuarios que han encontrado en las aplicaciones como Uber soluciones reales a los problemas de movilidad que las empresas de taxi no logran resolver, pues no están en la capacidad de satisfacer las demandas de las personas que necesitan opciones para movilizarse en mejores condiciones de calidad, seguridad y aprovechando en la mayoría de los casos los costos de oportunidad. En 12 ciudades del país son más de 2 millones de usuarios los que utilizan la plataforma de Uber para movilizarse.
De confirmarse, el bloqueo a Uber pondrá en riesgo casi noventa mil fuentes de trabajo. Es decir, mediante un acto administrativo se destruirán las opciones de miles de familia de contar con ingresos legales. 60 % de los socios conductores de Uber son cabezas de familia y 76 % tienen personas a cargo que dependen de ellos.
Con la prohibición de Uber no sólo se afecta a dicha empresa, a los usuarios y a quienes libremente ponen al servicio de terceros su propiedad privada (vehículos) para ofrecerles una opción para movilizarse, sino que se crea un contexto de incertidumbre que impacta los modelos de negocio -en su mayoría emprendimientos- que se desarrollan a través de plataformas digitales, así como de toda la industria creativa y de desarrollo tecnológico.
El país debería estar actualizando su regulación, y en el mejor de los casos desregulando, para generar las condiciones que permitan aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Por el contrario, con estas medidas y prohibiciones de corte proteccionista se está limitando la libre iniciativa y cerrando las puertas a las innovaciones disruptivas que tienen el potencial de traer importantes fuentes de ingresos, especialmente para quienes por las regulaciones e impuestos tienen que vivir en la informalidad.
Uber hace seis años que está presente en Colombia. No son ni sus usuarios ni sus conductores quienes claman por la prohibición, sino sus competidores. Ello, de por sí, vuelve muy cuestionable la decisión tomada por la SIC, pues implica que un grupo de presión logra instrumentalizar el poder gubernamental para generarse unas condiciones favorables sobre otros posibles competidores en el mercado, dejando a los usuarios sometidos a su monopolio.
A su vez, gracias a las posibilidades que brinda la tecnología, en muchos aspectos se auto-regulan y necesitan muy poca interferencia externa para satisfacer a sus usuarios. Los reguladores de Colombia y el resto de LatAm deberían tomar nota de esto y proceder con mayor humildad.
Uber ha ofrecido más soluciones reales a la movilidad en 6 años de lo que han logrado ofrecer las empresas monopolísticas de taxis en décadas. La enormes beneficios que ofrece la innovación de modelos de negocio como Uber no deben ser prohibidas, ni sancionadas, ni mucho menos penalizadas, sino que deben ser alentadas, dejando a los emprendedores, creativos e innovadores en libertad para que nos ofrezcan soluciones reales que mejoren nuestra calidad de vida.
El gobierno y las autoridades administrativas y judiciales deben reconocer que la innovación tecnológica no puede ser guiada por decisiones que limiten o restrinjan la economía o los intercambios voluntarios en un mercado libre, mucho menos para proteger a sectores que al gozar de privilegios ofrecen un mal servicio, a altos costos y sin condiciones de calidad ni seguridad.
En muchos países del mundo se están tomando decisiones de tipo judicial y administrativo, a partir de normas obsoletas que fueron aprobadas en contextos y realidades distintas. Disposiciones que no contemplan ni la economía colaborativa, ni las plataformas digitales y que han sido diseñadas a la medida de grupos de interés. Regulaciones que carecen de contenido técnico en aspectos como como los costos de transacción que se han visto disminuidos gracias a las innovaciones tecnológicas.
Por esta razón, el tema de la economía colaborativa, las plataformas digitales y las innovaciones disruptivas debe empezar a debatirse en los poderes legislativos como parte del proceso de actualización de las normas que incentiven y faciliten el emprendimiento y las innovaciones disruptivas que nadie puede prever y mucho menos anticiparse a ellas. La innovación no puede estar al arbitrio y capricho de operadores judiciales y burócratas.
La regulación y las normas deben ser el resultado de un debate político con criterios técnicos que reconozcan que los modelos de negocio que se desarrollan en las plataformas digitales permiten que 1) se reduzcan los costos de triangulación de la información entre oferta y demanda, 2) se mejoren las condiciones de transferencia de los bienes, servicios y pagos, y que 3) se genera confianza entre los usuarios de las aplicaciones. Lo que implica mejores condiciones de competitividad y crecimiento económico.
Además es necesario tomar en cuenta que en la actualidad, de acuerdo con el Ranking de Economías Colaborativas 2018 elaborado por el Think Tank independiente Timbro, Colombia ocupa el puesto 145 de 213 países; y según el Índice de Libertad Económica 2019 elaborado por The Heritage Foundation, el país se ubica en el puesto 49, entre 186 naciones evaluadas. Esto significa que el país cayó siete posiciones respecto al indicador de 2018.
Es decir, las libertades económicas necesarias para impulsar el emprendimiento, el crecimiento económico y la prosperidad se están viendo afectadas y restringidas por decisiones intervencionistas que buscan controlar y planificar la economía, incrementando la informalidad y el desempleo, y limitando las opciones que tenemos para satisfacer nuestras necesidades a bajos costos.
* Carlos Augusto Chacón es Director Académico del Instituto de Ciencia Política (ICP, Colombia).
** Federico N. Fernández es Director Ejecutivo Somos Innovación.
Somos Innovación (SI) es la alianza latinoamericana dedicada a lograr la implementación de soluciones innovadoras en cada uno de nuestros países, desde México hasta Argentina y Chile. Somos la voz de la sociedad civil pujante que quieren progresar a través de la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la creatividad humana. Más información en www.somosinnovacion.lat
