La semana pasada, en un intento de garantizar el acceso ilimitado de todos a los servicios de telecomunicaciones, el gobierno argentino decidió prorrogar hasta finales de año la congelación de los precios de los servicios de televisión, Internet y telefonía móvil, por considerarlos «servicios públicos esenciales». Los precios de estos servicios están congelados desde mayo, y se esperaba que la prohibición se levantara a finales de este mes.
Prohibir a las empresas de telecomunicaciones subir los precios puede parecer una política sensata, pero es todo lo contrario. El control de los precios es una política económica desastrosa e irresponsable que sólo conduce a la escasez de la oferta, privando así a los consumidores de la posibilidad de elegir, expulsando del mercado a empresas que antes tenían éxito y reduciendo la calidad de los servicios prestados.
La crisis de Covid-19 ha sobrecargado a la mayoría de las economías del mundo y Argentina no es diferente. El camino hacia la recuperación económica requerirá muchas inversiones que exigen la necesidad de seguridad legislativa. Las empresas latinoamericanas suelen tener que recurrir a la financiación externa y cuando surgen riesgos inéditos -como el control de precios- el coste de la financiación también sube, según Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.
A primera vista, la decisión del gobierno argentino de ampliar los controles de precios puede considerarse como la que beneficia a los consumidores. La lógica que subyace a dichos controles de precios es clara: asegurarse de que todos los consumidores argentinos -incluso los de bajos ingresos- puedan disfrutar de los servicios de televisión, Internet y telefonía móvil.
Aunque este enfoque parte de motivos nobles, lamentablemente está condenado al fracaso y, al final, las empresas perderán todo incentivo para operar en el mercado. Si las empresas no tienen libertad para fijar los precios a su antojo -teniendo en cuenta sus costes operativos-, ¿cuál es la razón para que sigan adelante? Una solución es reducir la calidad de sus precios simplemente para mantenerse a flote. Por el contrario, los consumidores que pueden pagar más se quedan fuera, y su demanda no puede ser satisfecha.
La intromisión del gobierno argentino en las fuerzas del mercado es inaceptable y socialista en su esencia, y además empeorará la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el gobierno del presidente Alberto Fernández (y sus predecesores) ha desconfiado ampliamente del FMI, Argentina es el mayor cliente de éste.
El país ha recibido más de 20 programas de ayuda financiera del FMI desde finales de la década de 1950. Argentina permanece constantemente al borde del colapso, por lo que ya es hora de que el país tome el camino de la liberalización económica y empiece a tomarse más en serio su relación con el FMI en lugar de llevar a cabo otra intervención dañina y populista. Los controles de precios son masoquismo económico.
Todo consumidor quiere tener el mayor número de opciones para elegir y poder equilibrar razonablemente el precio y la calidad. Si no hay nadie que les proporcione estas opciones, todos pierden, especialmente a largo plazo. Al igual que ocurre con los derechos de propiedad intelectual, si las empresas no obtienen protección para sus inventos, tienen pocos incentivos para innovar.
La sobrerregulación de la industria de las telecomunicaciones es una política costosa que tendrá un impacto negativo en el clima de inversión de Argentina en el futuro, obstaculizando así su recuperación económica y destruyendo su relación con el FMI. El gobierno argentino debería recomponerse y empezar a tomar las decisiones correctas, en lugar de hundir aún más al país. Argentina se merece algo mejor que un gobierno populista que pretende actuar en interés de los consumidores ampliando los controles de precios de los servicios de televisión, internet y telefonía móvil a costa de la prosperidad futura.
Traducido por el Equipo de Somos Innovación
Fuente: 1828
