Este domingo 17 de abril de 2022, tras largas horas de debate y discusión en la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica del presidente López Obrador no logró la mayoría calificada que requería para entrar en vigor.
La reforma eléctrica del presidente López Obrador causó revuelo y escándalo y se convirtió en un campo de batalla entre legisladores de distintos partidos. Al margen, citó el periódico El Universal a Gerardo Fernández Noroña del siguiente modo:
«Hoy la oposición es traidora a la patria, es traidora confesa, y hagan lo que hagan el día de hoy, voten como voten, quienes están cavando su tumba política son ustedes, están en este momento entregándonos nuevamente la presidencia de la república en 2024» [1].
¿En qué consistía la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? ¿Cómo era la reforma eléctrica que le precedía, del sexenio pasado? ¿De qué modo ponía en riesgo la operación de un mercado abierto a la competencia en la generación y suministro de energía eléctrica? ¿Y por qué es importante defender un marco institucional que pueda mejorarse para generar un mejor mercado eléctrico?
El panorama previo
Previo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, subyacían los siguientes objetivos de la reforma energética de 2013 en el ámbito de la electricidad:
- La reforma energética de 2013 buscaba convertir a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa productiva del estado. En términos prácticos, esto significaba reducir su poder de mercado como participante dominante en el escenario eléctrico, así como modernizar su gobierno corporativo y reestructurar sus pasivos laborales. Las decisiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaban atadas a una Junta de Gobierno compuesta por seis representantes del gobierno federal y tres representantes sindicales. Y tales decisiones, lejos de obedecer idealmente a los criterios de una empresa que busca ser rentable y generar valor estaban sujetas a los vaivenes políticos e intereses de corto plazo de sus responsables. La reforma tenía como uno de sus propósitos convertir a la CFE en una empresa que siguiera los cánones que observamos en compañías lucrativas, con las responsabilidades y contrapesos que tal suponía. Asimismo, reducir el poder de mercado (o poder monopólico) de la CFE era clave para brindar certeza jurídica al sector privado e incentivar su participación.
- El segundo gran objetivo de la reforma de 2013 consistía en el establecimiento de un mercado eléctrico, con el fin de atraer talento, capital y tecnología del sector privado en la generación y comercialización de energía eléctrica. La reforma de 2013 conservaba la regulación gubernamental sobre las redes de transmisión de energía eléctrica, al considerar que eso era lo económicamente eficiente por ser una actividad con economías de escala. Pero abría la puerta a empresas privadas en la generación y suministro. Si bien desde 1992 había cierta participación del sector privado en la industria eléctrica, ésta se limitaba principalmente a actividades de autoabastecimiento (empresas a las que se les permitía emplear las redes de transmisión de la CFE para aprovechar su propia generación eléctrica) y los productores independientes de energía (PIE), quienes eran subcontratados por la CFE para generar energía a nombre de la Comisión. Pero si bien esa participación privada permitía delegar ciertos costos a productores más eficientes, no constituía un mercado abierto a la competencia. La reforma de 2013 buscaba, expresamente, intensificar y expandir el papel del sector privado y consolidar un auténtico mercado eléctrico.
- La reforma también buscaba diversificar las fuentes de energía y aprovechar el potencial de generación de energías catalogadas como limpias (hidráulica, solar, geotérmica, eólica, entre otras).
- Y, por último, la reforma reconocía la importancia de aprovechar a los productores independientes de energía, cuya provisión era más barata y eficiente.
La reforma de 2013 no era perfecta. Para la economista Verónica Irastorza, las tarifas constituían «el punto más frágil» de implementación de la reforma, pues históricamente han sido empleadas como instrumentos políticos que contaminan su propósito de transmitir los costos reales de la generación eléctrica [2]. En la medida en que las tarifas eléctricas sigan siendo manipuladas, el mercado fracasa como institución capaz de asignar el recurso escaso de la electricidad de manera eficiente entre sus distintos tipos de usuarios.
La reforma frustrada del presidente López Obrador
Para tener una idea de la dimensión profunda de los cambios que pretendía realizar la administración actual, podemos hacer un recuento similar al de la sección anterior.
- La reforma eléctrica de López Obrador buscaba cerrar de vuelta el mercado de generación y comercialización eléctrica. La visión de la administración actual, como he escrito en entregas anteriores, es estatista: busca devolverle a las instituciones gubernamentales poder monopólico para repartir rentas en grupos de interés. Con esa visión, el presidente impulsaba una reforma en la que la CFE volvería a los vicios de una empresa administrada para beneficios partidistas bajo el disfraz de una defensa a la soberanía nacional.
- El presidente y su administración ponían en incertidumbre a los permisos de autoabastecimiento, que, como habíamos apuntado, tienen alrededor de 30 años de operación. De vuelta, la intención era irrumpir en la generación eléctrica para poner candados a la participación del sector privado.
- Asimismo, la reforma frustrada en la Cámara de Diputados buscaba eliminar la obligación de la CFE de comprar energía al proveedor más barato; y modificaba un criterio de despacho eléctrico que respondía a un principio económico básico: tomar energía primero de la fuente de menor costo.
- La contrarreforma eléctrica intentaba volver a la CFE dependiente de demandar gas natural para sus operaciones, ya que privilegiaría a esa fuente de energía. Curiosamente, intentaba hacerlo a la par de que también reducía el incentivo del sector privado de gas natural.
Era importante que la reforma eléctrica de López Obrador no avanzara, pues ponía en riesgo la certidumbre jurídica de permisos de auto-abasto; devolvía poder monopólico a la CFE bajo etiquetas engañosas y ambiguas de defensa a la soberanía nacional; respondía a criterios políticos y no económicos, con los cuales la electricidad podía ser manipulada para fines partidistas; reducía el potencial de explotación de energías limpias y reforzaba el brazo monopólico de Pemex y CFE en el sector energético, con lo cual conllevaría a costos más altos de generación, suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica que serían pagaderos, si no con tarifas más altas, con impuestos más altos en el futuro, apagones ocasionales y un servicio menos confiable.
¿Por qué un mercado eléctrico?
Un mercado más competitivo en el sector eléctrico es clave para servir una mayor demanda de electricidad en el futuro, congruente con el crecimiento poblacional y las necesidades de una economía industrializada. Si bien la reforma de 2013 tiene oportunidades de mejora, tuvo un gran acierto en promocionar la idea de una energía eléctrica que se comprara y vendiera con mayor libertad. Como bien lo apunta una publicación del Centro Nacional de Control de Energía desde el portal gubernamental oficial,
«Pocas veces nos imaginamos a la energía eléctrica como un producto que se compra y se vende. Hasta 2014, en México la Comisión Federal de Electricidad era quien compraba y vendía exclusivamente la energía eléctrica para el servicio público en el país.
Con la reforma energética, se creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de proveer energía a precios competitivos para que todos los usuarios pudieran beneficiarse adquiriendo energía a precios más accesibles» [3].
Los mercados tienen diversas cualidades. La primera es que tienden a convocar a los productores de menor costo. Si el precio de mercado para un bien es igual a X, quienes venden en el mercado son aquellos productores cuyos costos marginales de producción son inferiores a X, pues sólo de este modo pueden operar de manera rentable y tener un incentivo a producir. En contraparte, cuando el suministro de un bien corre a manos de un gobierno que puede externalizar costos, la regla anterior no necesariamente se cumple: los productores convocados pueden servir la demanda aún si operan con costos marginales más elevados, pues el gobierno compensa la deficiencia con recursos del erario. Sin embargo, tanto los contribuyentes como los consumidores finales del bien resienten de un modo u otro la menor eficiencia productiva.
La segunda cualidad de los mercados es que conectan la demanda con la oferta, de modo que los consumidores de un bien puedan ajustar su consumo a lo que sea posible producir a precios que estén dispuestos a pagar. Esta característica del mercado evita la sobreoferta de un bien o servicio, así como una situación de escasez artificial. La escasez artificial de un bien aparece cuando consumidores dispuestos a pagar un precio más alto por unidades adicionales de un bien son incapaces de transmitir esa mayor disposición de pago a oferentes que podrían estar dispuestos a servir sus demandas a esos precios.
Así, el establecimiento de un mercado eléctrico es clave tanto para atraer la participación de aquellas empresas u organizaciones mejor capacitados para producir de manera eficiente como para ajustar con mayor flexibilidad la oferta con la demanda de electricidad. Darle un revés al mercado para brindarle un mayor poder monopólico a CFE hubiera sido un craso error con el cual nuestro país habría sido presa de intereses políticos ajenos a criterios de eficiencia. Hay motivos para permanecer alertas a nuevas tentativas que busquen limitar la presencia de mercados abiertos en el sector eléctrico. La victoria reciente contra el intento de un retroceso es digna de reconocimiento; pero debemos reconocer y aprender por qué era una mala idea y otear hacia mejores alternativas.
Fuente: Mexico Libertario
