Si se le acusara de infringir la ley, ¿en quién confiaría más para que lo escucharan, un tribunal o en el Congreso?
A finales de julio, el Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para estudiar el poder de mercado de las plataformas online. Anunciada como una revisión bipartidista de Big Tech, los testigos incluyeron al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, el CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Google, Sundar Pichai.
Desafortunadamente, parece que el Subcomité llegó a su veredicto antes de celebrar el juicio. Incluso antes de la audiencia, los presidentes Jerry Nadler (D-NY) y David Cicilline (D-RI) habían concluido que estas empresas son «demasiado grandes», que «no se puede permitir que existan en la sociedad», y que el Congreso «tendrá que pensar largo y tendido cómo podríamos, en una promulgación del Congreso, literalmente destruir una empresa».
La audiencia en sí misma pintó un cuadro más matizado, donde cada empresa defendió sus prácticas comerciales y los beneficios para los consumidores. Cada empresa ilustró tanto la forma en que se enfrentan a una fuerte competencia en sus diversos segmentos de mercado como la forma en que han creado nuevas vías para que las empresas más pequeñas vendan sus productos. Y señalaron el reciente crecimiento de Zoom, Spotify, Snapchat y TikTok para demostrar que las empresas innovadoras todavía tienen una oportunidad de competir con los grandes.
Además de prejuzgar el resultado, el partido mayoritario en la Cámara puede haber apilado la audiencia contra los Big Tech. A medida que la audiencia se estaba desarrollando, los miembros de la bancada mayoritaria se contactaron con abogados de dos de las empresas de tecnología para solicitar una llamada y discutir el formato de la audiencia. Inicialmente incluyeron a los integrantes de la minoría.
Sin embargo, una hora más tarde, la bancada mayoritaria cambió de rumbo y le dijo a sus homólogos republicanos que habían enviado los correos electrónicos de programación pertinentes de forma prematura, y que desestimaran la solicitud de una llamada. Sin embargo, las llamadas continuaron como se había planeado originalmente. Peor aún, la bancada de la mayoría parece haber afirmado que hablaba en nombre de la minoría y, según algunos, puede incluso haber tergiversado su posición sobre asuntos críticos y de cómo se llevaría a cabo la audiencia.
Por supuesto, cuando ya se ha decidido, el proceso no importa. Como la Presidenta Cicilline declaró antes de la audiencia, «hay un entendimiento real y una expectativa de que vamos a hacer algo al respecto como Congreso. El pueblo americano espera que lo hagamos».
A pesar de las declaraciones de los Presidentes Nadler y Cicilline, la verdadera «solución» está en el sistema judicial. Como parte de su revisión, el Subcomité encuestó a numerosos expertos en antimonopolio de todo el espectro ideológico. La mayoría de los expertos se opusieron a los cambios sustantivos en las leyes antimonopolio. Explicaron que los organismos encargados de hacer cumplir la ley disponen de suficientes instrumentos para enfrentar conductas anticompetitivas y que los cambios estatutarios podrían crear inseguridad jurídica y, en última instancia, perjudicar la economía.
En particular, la mayoría de los académicos, incluidos los altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las administraciones republicana y demócrata, siguen apoyando el principio de que la legislación antimonopolio debe centrarse en el bienestar de los consumidores, en lugar de las preocupaciones políticas o la idea anticuada de que «lo grande es malo». Abandonar esa piedra de toque invitaría al caos.
Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comercio, así como los fiscales generales de los estados de ambos partidos, ya están examinando a fondo la conducta de éstas y otras empresas de tecnología. Si presentan demandas, las empresas de tecnología tendrán su día en los tribunales. Ese proceso será justo e imparcial, aislado de la presión política. También determinará si estas empresas están cumpliendo con las leyes antimonopolio y revelará si es necesario hacer cambios.
