Cada año, miles de personas que viven en la pobreza se ven obligadas a trasladarse a países con mejores oportunidades de desarrollo. Una ciudad charter puede ser un vehículo eficaz para reactivar la economía local, especialmente en los territorios inhabilitados por la falta de infraestructura laboral adecuada, ya que permiten a los funcionarios adoptar las mejores prácticas mundiales en materia de regulación comercial.
Acontecimientos históricos como las pandemias y las crisis económicas mundiales, nos obligan a cambiar nuestra forma de pensar sobre la mano de obra. Los cierres han tenido efectos desastrosos en las economías de todo el mundo, y con unos ingresos planos y una desigualdad estancada en niveles históricamente altos. Sin embargo, la aplicación de nuevas políticas sociales y económicas puede aportar resultados diferentes y, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019, uno de los mecanismos más eficaces para promover el progreso son las ciudades charter.
Cómo pueden estas ciudades reducir los altos índices de pobreza en los países del tercer mundo? Su creación tiene un objetivo particular: garantizar un desarrollo urbano a gran escala que permita un uso eficiente de los recursos locales para ser un vehículo de sostenibilidad económica. Esto mejora la calidad de vida de sus habitantes.
El primer economista que propuso la aplicación de las ciudades charter fue el experto de la Universidad de Stanford y Premio Nobel Paul Romer. Demostró que la iniciativa de las ciudades charter estaba diseñada para ayudar a las poblaciones desfavorecidas a compartir los beneficios de la rápida urbanización con mejores prácticas reguladoras.
Estas ciudades se definen por tener sus propias leyes y jurisdicciones, independientes del estado en el que residen. Pueden ser administradas por los ciudadanos o a través de administraciones de terceros. Si la nueva ciudad establece reglas atractivas, crecerá y prosperará de forma natural. Esto permitirá la entrada de inmigrantes, empresarios e inversores que desarrollarán puntos de acceso comercial e industrias que influirán directamente en su productividad.
El caso más famoso en Asia es el de Hong Kong y Singapur, donde se utilizaron formas alternativas de fiscalidad, con la intención de no desincentivar el desarrollo económico a través de la implantación de una zona económica especial (ZEE) complementaria y una ciudad charter. Ambos mecanismos llevaron a estas ciudades a ser un ejemplo de gobernanza local libre.
En América Latina, Honduras modificó su constitución y aprobó una ley en 2013 para crear zonas de desarrollo económico y empleo (ZEDE), que pueden fijar sus propios presupuestos e impuestos. En Madagascar, tuvieron la iniciativa de implantar este tipo de ciudades para atraer más inversión extranjera en la región. Sin embargo, el proyecto no pudo llevarse a cabo debido a las grandes dificultades para la adquisición de terrenos y al propio movimiento político.
Para garantizar la consecución de una ciudad charter, es necesario contar con el apoyo de inversores que diseñen una infraestructura económica, con expertos en política que puedan crear el marco legal, así como con la voluntad del gobierno de conceder permisos para la implantación de una jurisdicción innovadora. Y lo que es más importante, es necesario contar con la participación democrática de la sociedad para crear nuevos mecanismos de supervivencia colectiva.
Mediante la construcción de ciudades charter o zonas especiales, los países pueden equilibrar la ola de urbanismo, generar nuevas opciones para los líderes con mentalidad reformista y nuevas opciones para las familias que buscan nuevos lugares para vivir y trabajar.
El mundo tiende a urbanizarse y, según las encuestas de Gallup, 700 millones de personas estarían dispuestas a trasladarse permanentemente a un país que les ofrezca seguridad y oportunidades económicas. Según Gallup, los residentes de los países del África subsahariana son más propensos a expresar el deseo de mudarse permanentemente al extranjero debido a la falta de servicios básicos, en comparación con los residentes de los países asiáticos, que son menos propensos a mudarse por obligación.
El propósito de una ciudad autónoma es simple pero poderoso. Permite a los responsables de las ciudades adoptar las mejores prácticas de regulación empresarial, especialmente en los países más pobres. En lugar de ampliar los barrios marginales de los grandes centros urbanos del Tercer Mundo, se podría acoger a los inmigrantes en ciudades autónomas que ofrezcan viviendas a bajo coste, mano de obra, un entorno seguro y normas más eficaces.
Traducido por el Equipo de Somos Innovación
Fuente: 1828
