En Occidente, el relato progresista ha hegemonizado la agenda pública, dicho lo anterior es posible distinguir que diversos sectores políticos suelen confundir innovación libre o competitiva, con el intervencionismo estatal y excesivas regulaciones que terminan por dañar la capacidad de innovar.
La palabra innovación, que proviene del latín innovatio, según la RAE corresponde a “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. Y fue el destacado economista, Joseph Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942) quien desarrolló en profundidad el concepto de “destrucción creativa”, al que se le anexa popularmente a lo que se suele entender por innovación. Es decir, que dicha destrucción creativa o mutación al interior un proceso, es aquel que revoluciona internamente la estructura para el desarrollo de un nuevo producto o mejora de proceso.
Por ende, vamos a entender la innovación como el libre ejercicio del desarrollo de las capacidades humanas para la creación, tanto para suplir necesidades de un individuo, grupo o industria, enfocándose en la agregación de valor.
Aquí es donde ingresa el concepto de libertad económica, como un aspecto fundamental para la innovación, el crecimiento económico y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una nación, porque permite entregar incentivos al ingreso de nuevos mercados, al desarrollo de la competencia y reducción de precios de bienes y servicios, así como también fomentar I+D+i. Asimismo, el Estado debe proveer de certeza jurídica para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. Actualmente lo miden dos instituciones en el mundo, una de ellas, Heritage Foundation, que mide desde el año 1995, acaba de publicar su nueva edición. Si bien Chile continúa en el podio latinoamericano, los resultados de la caída en 4 posiciones de nuestro país es parte de una tendencia que viene dándose desde el año 2013 producto de reformas y complejidades al sistema regulatorio. El informe indica que el mayor riesgo es optar por una constitución que olvide lo creado anteriormente, además de la presión de alzas de impuestos, incremento del gasto público y otras leyes que continúan impactando en dicho indicador.
Por otro lado, la eficiencia regulatoria sobre libertad laboral sigue siendo parte de la dimensión más débil del país debido a su excesiva rigidez. Es por ello, que muy próximamente habrá que flexibilizar radicalmente el sistema de contratación en el país, con tecnología integrada, agregando valor y disminuyendo barreras para que irrumpa la innovación como un bien para quienes la quieran desarrollar, y en una de esas ¡quién sabe! logramos la tan ansiada filosofía de burocracia cero, como en Estonia, que, tras la caída de la cortina de hierro, lo comprendieron muy bien.
Fuente: Ciudadano Austral + El Pingüino
