La primer ola de vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 que están llegando a establecimientos de salud alrededor del país durante las últimas semanas han despertado un optimismo de que pronto podríamos ver la luz al final del túnel. Conforme más personas se vacunan, el objetivo de la inmunidad de manada —donde una cantidad suficiente de la población es inmune al virus como para prevenir su propagación hacia los vulnerables— se vuelva más viable.
Los mercados proveen los medios más eficientes para distribuir la vacuna a aquellos que la quieren y necesitan. En cambio, quienes hacen política pública a todo nivel del estado han elegido lo contrario: la planificación central. Ahora leemos de reportes en las noticias de que muchos trabajadores de primera línea —aquellos que han sido puestos adelante de la cola para inmunizarse— no están siguiendo el plan. Ellos se niegan a vacunarse.
El día de año nuevo, el Los Angeles Times reportó que desde 20 a 50 por ciento de los trabajadores de salud en el sur de California se niegan a inmunizarse. El New York Post reporto una resistencia similar en Nueva York, Ohio, y Texas.
Esto es muy decepcionante. Los trabajadores de salud en la primera línea no solo tienen un mayor riesgo de contraer el virus sino que tienen un mayor riesgo de propagarlo en su institución o de llevarlo a su casa. Es razonable esperar que, con su preparación en salud, ellos tendrían una mejor apreciación del valor así como también de la conocida seguridad y eficacia de las dos vacunas nuevas. Mientras más tardemos en llegar a un estimado 70% de la población inmunizada, más tardaremos en lograr la inmunidad de manada (por supuesto, los millones de personas que ya han contraído y que se han recuperado del COVID son inmunes como resultado y contribuyen al objetivo de la inmunidad de manada también).
Muchas personas que los funcionarios públicos han designado como de baja prioridad para la vacuna están particularmente frustrados al conocer esta noticia. Ellos realmente quieren recibir la vacuna pero actualmente se les niega la oportunidad, mientras que las dosis de vacunas asignadas a aquellos designados como prioritarios no se usan dado que los fabricantes requieren, sin importar cualquier política estatal o ausencia de ella, que estas sean descartadas si son almacenadas más allá de periodos de tiempo seguros.
Esta desafortunada paradoja —gente a la que se le niega la vacuna mientras que otras vacunas sin uso son descartadas— no debería sorprender a aquellos conscientes de los fracasos de la planificación central. Los mercados proveen la manera más eficiente y precisa de obtener bienes y servicios a aquellos que más los valoran. Frente a la crisis de salud pública, quienes diseñan las políticas en cambio acudieron a la planificación central.
A estas alturas, el gobierno federal es el comprador de todas las vacunas contra el COVID y las distribuye a los gobiernos de los estados según los requisitos de la población de cada estado. Los estados, a su vez, delegan a las agencias de salud del estado, el condado y los municipios el trabajo con los proveedores locales de salud para inmunizar a la población.
Mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) emitieron guías para priorizar quién se vacuna, los estados retienen el derecho de establecer sus propios calendarios de prioridad, y algunos estados no han seguido las recomendaciones de los CDC.
La planificación central sufre de una falta de conocimiento local junto con una incapacidad de ajustarse rápidamente a los cambios en la oferta y la demanda. Por lo tanto, es afortunado que nuestro sistema federal permita 51 distintos planes centrales posibles en lugar de solo uno. Esto reduce el potencial daño de un plan único para todos y permite que diversos estados aprenden de las experiencias de cada uno. En muchos casos, los estados están estableciendo estrategias de fases para inmunizar a la población. Los grupos de menor prioridad son incluidos conforme la oferta de vacunas lo permite.
Siempre y cuando la planificación central siga siendo la estrategia para inmunizar a la población, una manera de mitigar la desafortunada asignación errónea de vacunas que describimos anteriormente podría ser adoptar la estrategia que la mayoría de las aerolíneas comerciales utilizan para abordar los aviones. Los estados deberían considerar anunciar con antelación un calendario que, por ejemplo, da las primeras 2-3 semanas de vacunas solo a las personas de máxima prioridad; luego las siguientes 2-3 semanas a las primeros tres niveles de prioridad, y así sucesivamente. De esta manera, si las personas de máxima prioridad eligen no vacunarse, las personas de menor prioridad que desean recibirla no perderán la oportunidad de hacerlo antes de que ese grupo de vacunas tenga que ser descartado. Esto también alentaría a las personas en los niveles más altos de prioridad a apurarse a recibir la vacuna antes de que las colas se vuelvan más largas.
Esta propuesta podría ayudar a reducir el desperdicio de las valiosas vacunas y permitiría que más personas que quieren y necesitan la vacuna la obtengan.
Fuente: El Cato
