Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos.
La condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa.
Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas.
Un ejemplo claro de una medida injustificada es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país.
Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo con las autoridades y reiteramos que ha sido un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos. Señalamos a su vez, nuestra aspiración en cuanto a profundizar el diálogo con los dirigentes sindicales y el resto de la sociedad civil.
En síntesis: la plena vigencia de un marco institucional como el señalado posibilitará que puedan generarse las condiciones para colocar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido.
