Otros y yo hemos atribuido gran parte de la torpe respuesta inicial de funcionarios de salud pública a la pandemia del coronavirus, a regulaciones engorrosas, inflexibles y obsoletas que controlan el desarrollo y distribución de medicamentos y pruebas.
Como señalé en un artículo anterior, mientras el complejo proceso de aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) retrasó el desarrollo y la distribución de pruebas de coronavirus en los EE.UU. en los primeros días de la actual pandemia, Corea del Sur, después de haber aprendido de su horrible encuentro con el brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) en 2015, promulgó reformas regulatorias que permitieron al gobierno dar una aprobación casi inmediata a sistemas de pruebas durante la emergencia de salud pública.
En días recientes, la FDA ha relajado su proceso regulatorio para poder llevar las pruebas al público más rápido. El 13 de marzo, los laboratorios de Roche recibieron la aprobación expedita para distribuir una prueba que desarrollaron y que ofrece resultados diez veces más rápido que la prueba creada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El 16 de marzo, quizá en un intento de replicar el modelo surcoreano, la FDA ejerció su autoridad regulatoria para descentralizar de forma efectiva el proceso de aprobación a los estados. La FDA delegó a los estados la autoridad de supervisar y aprobar las pruebas que se desarrollen dentro de sus fronteras. De igual forma, anunció que, bajo ciertas circunstancias, los fabricantes pueden distribuir sus nuevas pruebas antes de que la FDA les dé su autorización para uso de emergencia, y así los laboratorios pueden utilizarlas.
Como resultado de estas medidas, la empresa farmacéutica con sede en Indiana, Eli Lilly and Co., anunció el 18 de marzo que realizará pruebas en centros de atención médica dentro del Estado de Indiana –incluyendo asilos de ancianos y salas de emergencia– sin cargo para los pacientes, aseguradoras y agencias gubernamentales. Un vocero de la compañía dijo que podrían realizar 1.000 pruebas por día durante una semana, y que espera aumentar ese número a 2.000 utilizando clínicas tipo drive-thru. Los resultados de las pruebas serían entregados el mismo día. El Comisionado de Salud del Estado de Indiana, Kris Box, elogió esta «asociación público-privada».
La velocidad con la que el sector privado está respondiendo a la demanda de pruebas de coronavirus, una vez eliminados temporalmente los pesos regulatorios, es un espectáculo que no debe pasar desapercibido por los políticos y los creadores de política. Es lamentable que se haya necesitado una epidemia calamitosa para enseñar esta lección de desregulación. Esperemos que la lección sea tomada en serio y que conduzca a una reforma regulatoria permanente cuando pase la crisis.
Fuente: El Cato
