Una nueva encuesta de Gallup que encuestó a padres con niños en edad escolar encontró resultados sorprendentes, mucho más debido a la división de opinión que por las opiniones mismas. Dado que el COVID-19 es una amenaza, el 36 por ciento de los padres quieren que sus hijos reciban su educación completamente presencial, 36 por ciento quieren un híbrido de presencial y a distancia, y 28 por ciento quieren todo a distancia. Básicamente, una tercera parte de los padres prefirió cada modo lo que refleja una realidad innegable: las familias necesitan libertad para elegir la educación.
El problema fundamental es que diversas personas tienen necesidades diferentes, pero un distrito escolar es unitario. Esto siempre es un problema: personas diversas están atrapadas con un código de vestimenta, un plan de estudios de historia, etc., pero el COVID-19 hace que las apuestas sean mucho más altas e inmediatas de lo habitual. Podrías estar dispuesto a participar en una batalla prolongada para mejorar los currículos de estudio, pero el COVID-19 podría poner la vida o la educación básica de tu hijo en un peligro potencialmente enorme en este momento.
En muchos lugares, los colegios públicos han tomado la máxima precaución contra el COVID-19. Los distritos escolares en Los Ángeles, Chicago, y otros lugares, al menos para comenzar el año, ofrecerán únicamente educación a distancia.
Esto podría estar bien para los niños que aprenden mejor en casa, tienen condiciones médicas que los pone en alto riesgo, o viven con parientes mayores de edad. Pero es un golpe fuerte para los niños con mala conectividad de internet, problemas de aprendizaje o aquellos que simplemente prosperan en un aula física.
Parece que una erupción espontánea a nivel nacional de educación en persona impulsada por los padres de familia es la respuesta a tales cierres. El fenómeno de las “cápsulas” es quizás la señal más ruidosa de esto, generando una cobertura tanto de fascinación como de escepticismo en los principales medios de comunicación. Básicamente, los padres están juntando su dinero para contratar maestros y crear comunidades de aprendizaje cerradas para sus hijos.
También podemos ver familias moviéndose a colegios privados tradicionales, con informes de colegios privados que despiertan mayor interés, y a veces, aumentos definitivos de la inscripción, alrededor del país. No hay datos sistemáticos para confirmar un movimiento nacional, pero el Centro para la Libertad Educativa del Instituto Cato ha estado rastreando los cierres de colegios privados relacionados al COVID-19 desde marzo y solo ha registrado ocho desde el 14 de julio. Este número bajo puede ser un reflejo de nuevas inscripciones en colegios privados.
Por supuesto que costear una alternativa privada puede ser difícil para las familias de menores ingresos, y muchos se preocupan de que el giro hacia la educación privada generará una mayor desigualdad.
Afortunadamente, hay una solución y es sencilla: en lugar mandar fondos para la educación directamente a los colegios públicos, permitir que estos sigan a los niños, ya sea a una cápsula, un colegio privado, un colegio concertado o un colegio público tradicional. Considerando un gasto en colegios públicos que excede los $15.000 por estudiante, la mayoría de los privados, que cobran aproximadamente $12.000 en promedio, estarían al alcance de cualquiera, mientras que las familias que agrupan a diez niños podrían ofrecer $150.000 a un maestro de una cápsula.
La administración de Trump ha estado impulsando la elección, y ciertamente cualquier ayuda federal debería seguir al estudiante. Pero la autoridad constitucional sobre la educación recae en los estados y es de ellos de quien debe surgir la elección. De hecho, más de medio millón de niños ya asisten a colegios privados mediante programas de cupones, créditos fiscales y cuentas de ahorro para la educación en 29 estados y Washington, D.C. Pero eso está muy por debajo del número de personas que necesitan opciones: los estados que ya las tienen deberían expandirlas, y aquellos que no las tienen deberían brindarlas.
Pero ampliar la financiación puede no ser suficiente para proporcionar la opción de COVID que la gente necesita. En algunos lugares, como gran parte de California, las autoridades públicas están prohibiendo que muchas instituciones privadas enseñen en persona. Tales prohibiciones deben levantarse.
Estas acciones pueden tener la intención de proteger los bolsillos de los colegios públicos. Por ejemplo, el funcionario jefe de salud en el condado de Montgomery, Maryland, ha dicho que ningún colegio privado puede abrir hasta al menos el 1 de octubre, una fecha inmediatamente posterior al “día de recuento” de inscripciones que determina cuántos fondos estatales y federales reciben los colegios públicos.
Por supuesto que las preocupaciones de salud podrían ser el único motivo de tales decisiones. Pero los niños de edad escolar parecen enfrentar niveles muy bajos de peligro frente al COVID-19. Según los datos de los Centros para el Control de Enfermedades, los estadounidenses de 5 a 17 años representan menos del 0,1 por ciento de todas las muertes por el COVID-19, y desde que comenzó el seguimiento, ha representado menos del 1 por ciento de todas las muertes en el grupo de edad de 5 a 14 años. Mientras que incrementar las medidas de seguridad es importante, los niños parecen enfrentar mayores peligros que el COVID-19.
¿Qué pasa con los maestros y administradores? Los adultos corren mayor riesgo que los niños, pero los colegios privados harán mucho para protegerlos, incluido el uso obligatorio de mascarillas, protectores faciales, distanciamiento social, mejor filtración de aire y más. Y los maestros que no quieran o no puedan trabajar en persona podrían elegir trabajos en colegios que funcionen solo en línea.
El simple hecho es que todas las comunidades, familias y niños son diferentes y necesitan opciones educativas que reflejen esa diversidad.
Fuente: El Cato
