La situación que vive el mundo actualmente por la pandemia del COVID-19 nos ha hecho repensar la forma de trabajar y gestionar tanto lo privado como lo público para, en la medida de lo posible, no detener la prestación de servicios y todo aquel rubro que permita desarrollar sus operaciones de manera virtual.
Nunca hemos tenido una mejor oportunidad para reducir la brecha digital, ya que ha demostrado que la complacencia con sistemas antiguos de firmas, documentos notariales, sellos de laempresa/profesional, nos ha imposibilitado seguir la vida cotidiana en toda instancia que se requiere autorizaciones en trámites con el Estado y hasta entre empresas.
Pero para que esto fluya bien, de la forma necesaria para la era en la que estamos, todos los actores que forman parte del escenario de la economía deben estar en la misma página. De no estar alineados, tendremos inconvenientes que pueden traducirse a la pausa de esta actividad económica en momentos que Honduras demanda de mayor agilidad para recomponer el daño que las medidas sanitarias causaron a los empleos.
Entre los temas prioritarios, toda la administración pública y privada debe estar autorizada para que acepte los espacios virtuales como parte de la nueva realidad que esta situación sanitaria ha marcado en las empresas y que posiblemente ha llegado para quedarse.
Colombia recientemente ha hecho una reforma en su política pública al aceptar como válidas las reuniones de Junta Directiva, socios, asambleas generales de socios con el fin de ajustarse a la coyuntura sanitaria y prevenir contagios de COVID-19. Y los demás países deben seguir y mejorar ese ejemplo.
Como Fundación ya hemos trabajado el tema de la digitalización nivel regional desde el año 2018 bajo la iniciativa Central America Prosperity Project (CAPP) organizada por el Geoge W. Bush Institute y que agrupa a las organizaciones e individuos más proactivos en el Triángulo Norte.
En este espacio de sociedad civil hemos tenido la oportunidad de observar las mejores prácticas en la digitalización en otros países y escuchado las voces expertas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un documento propositivo que se ha socializado con las autoridades en el tema de digitalización al más alto nivel tanto en sectores públicos como privados de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Estas propuestas incluyen la digitalización de la economía, agilización de procesos de identificación ciudadana, y de la cadena logística. También la agilización de procesos burocráticos, entre otras propuestas que son adecuadas a las necesidades particulares de cada país involucrado.
En un momento crucial, no solo para la salud de nuestra gente, sino también para la economía global y local, en Fundación Eléutera hacemos tres propuestas concretas para la implementación de la digitalización de procesos administrativos así como implementación de firma electrónica:
- Modificar los mecanismos establecidos para que la firma electrónica se haga el nuevo estándar de firma de documentos sin papel. Las reglas deben ser neutrales con respecto a qué tecnología se puede usar, pero no debe cerrar la puerta a tecnologías en desarrollo como blockchain, biométricos, imagen controlada y autenticaciones de factores múltiples.
- Permitir la entrada de más tecnologías conocidas como FINTECH, entre ellas billeteras digitales, mayor penetración de la banca electrónica, apertura de cuentas con procesadoras de pagos, y todo sin tener que ir presencial a una oficina.
- Qué Municipalidades, Juntas de Agua, empresas de distribución de energía, de telecomunicaciones y cualquier otro servicio público, puedan dar de alta, baja o modificación de contratos con sus abonados y proveedores por medio de firma electrónica con blockchain, mecanismos biometricos, imagen controlada, doble autenticación, entre otros.
- Todo tipo de persona jurídica pueda celebrar sus contratos con proveedores, deudores, empleados, fondos de pensiones y cualquier otro proceso administrativo, utilizando el mecanismo de firma electrónica, siendo reconocidos legalmente por las autoridades competentes y se respeten en la resolución de conflictos entre partes.
- Toda persona jurídica debe poder utilizar el portal de Mi Empresa En Línea, para dar de alta o baja a los contratos laborales que necesite, además de hacer todas las afiliaciones permitidas por ley para servicios de salud (IHSS), ahorro (RAP), formación profesional (INFOP), o cualquier otra requerida por ley.
- Sociedades mercantiles, asociaciones civiles, gremiales, organizaciones no gubernamentales y todas las demás registradas con Personería Jurídica, puedan realizar sus Asambleas Generales así como Juntas Directivas por vía electrónica presencial, utilizando plataformas virtuales en las que se pueda dejar registro grabado de las reuniones para demostrar la presencia de los asistentes, además las firmas de asistencia pueden realizarse por el mecanismo de firma electrónica.
Este modelo de reformas es el que en Fundación Eléutera proponemos, pero no sólo para el momento y evitar contagios sino como una nueva medida que permita la agilidad de estos procesos dentro del sector privado así como en las organizaciones sin fines de lucro.
Con este cambio se logrará que cada vez más los procesos administrativos y operativos para que las empresas estén en sintonía con la normativa regulatoria de Honduras y así podremos avanzar a un mismo ritmo.
Como éste, habrán decenas de otras áreas burocráticas que ajustar, y éste es un buen momento socio-económico para hacerlo y aprender de los ajustes digitales que el mundo está realizando de manera vertiginosa.
Fuente: El Sentido (una publicación de la Fundación Eléutera Honduras)
